El aumento de la capacidad informática y la aparición de millones de datos ha llevado a explorar la utilización de técnicas de machine learning y otras de Inteligencia Artificial para mejorar las tomas de decisiones a nivel de justicia penal. Destacan las soluciones algorítmicas aplicadas a la determinación judicial del delito o de la pena aplicable en general, como los algoritmos de tipo predictivo: enfocados en la prevención e investigación policial de la delincuencia. En la actualidad, el uso de este tipo de herramientas en el ámbito judicial y penitenciario español es escaso.

Sin embargo, desde 2009 se cuenta un protocolo de valoración del riesgo de reincidencia violenta y otros problemas penitenciarios denominado RisCanvi. Esta herramienta fue inicialmente diseñada para delincuentes violentos, sin embargo, RisCanvi ha ampliado su alcance significativamente a cualquier forma delictiva de las apreciables en prisión. En este sentido, y atendiendo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la transición digital se coloca como objetivo prioritario, situando además la modernización y digitalización de la Administración como uno de sus principales componentes. En línea con la Estrategia Digital Europea y la Agenda España Digital 2025, se busca una transición digital humanista e inclusiva que compatibilice la modernización de la administración con los derechos de los ciudadanos especialmente con aquellos recogidos en la Carta de Derechos Digitales. Este objetivo hace especialmente necesario que el desarrollo de herramientas tecnológicas en el ámbito judicial y penitenciario sean complementados, tal y como sostiene el presente proyecto, con conocimiento científico relativo a su impacto real y a la naturaleza de sus bases éticas y normativas. IusMachina adopta una actitud realista, lo que se concreta en la defensa de la posibilidad de usar este tipo de herramientas bajo dos exigencias fundamentales a tener en cuenta desde el mismo diseño. La primera, informarse del impacto real de esta tecnología desde el mayor conocimiento posible, superando los prejuicios existentes y analizando la validez real. La segunda exigencia consiste en adoptar una revisión crítica, de igualdad material y con perspectiva de género, tomando en consideración las consecuencias potenciales de la tecnología pero que identifique también como posibles éxitos el impacto en los valores y principios ético-sociales reconocidos en nuestra Constitución que consideramos esenciales y que pueden verse afectados en positivo o en negativo por la tecnología.